Milei ha desplazado a los sectores neoliberales extremos de la agenda educativa del mismo modo que pegó un volantazo respecto de sus propuestas para economía de cierre del Banco Central y dolarización. Ha designado a Carlos Torrendell como Secretario de educación de la nación, quien sostiene diferencias con el diseño de vouchers a la Milton Friedman que promovió Milei en su plataforma original. El sistema de vouchers promueve que el estado financie la demanda, es decir, que la familia vía su elección determine qué escuela recibe el voucher por parte del estado. Torrendell propone, en cambio, que el estado financie la oferta, o sea que subsidie a las escuelas privadas directamente, determinando de esa forma el mercado que se ofrece a las familias. No sabemos si este es un cambio provisorio y se volverá en un futuro próximo al proyecto inicial de la LLa. En todo caso, no debemos olvidar que uno u otro modo de subsidiar la educación, por demanda o por oferta, es parte de un plan más global de los estados y las empresas de tender a descargar sobre las familias el peso del costo de la educación vía aranceles ya que los subsidios no garantizan el funcionamiento completo de las escuelas.
Desde lo ideológico, con la designación de Torrendell, el presidente ha ratificado su voluntad de entregar la educación a los sectores más conservadores de la Iglesia católica y continuar su proyecto privatizador de la educación. El nuevo Secretario de educación es miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica Argentina (UCA) y formó parte del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Educación Católica con el arzobispo platense Héctor Aguer, el más cuestionado de la iglesia con quien sostuvo la campaña de pañuelos celestes en el debate del 2020 contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Preside la Fundación Potenciar Argentina.
Para este conservador, libertad de mercado no garantiza libertad de enseñanza ya que puede dar pie al crecimiento de escuelas que no educan en los valores que promueve. En un mundo excesivamente secularizado como el actual, o sea, desprovisto de valores religiosos, comandado por las demandas del mercado, las familias pueden preferir resultados de eficacia, medibles según sus reglas. Estas tendencias suelen dirigirse desde las evaluaciones externas que centran su mirada en los resultados, lideradas por los estados y el mercado, por eso alerta sobre el peligro de liberar la educación a la demanda de las familias.
Para el nuevo secretario de educación, libertad de enseñanza debe ser en el sentido que promovió la iglesia desde su combate a la injerencia del estado laico en la educación a fines del siglo XIX en nuestro país. Adhiere a las ideas de José Manuel Estrada que se opuso a Sarmiento en el debate de educación libre o laica cuando el Congreso pedagógico de 1884 que culminó con la sanción de la Ley 1420 de enseñanza primaria obligatoria, sin religión en su currículo oficial. Su propuesta es que el estado tenga injerencia mínima en los contenidos de lo que se enseña, que sea subsidiario, o sea, que financie la educación, pero no la demanda sino la oferta. Pero para que esa oferta no sea indiscriminada, el estado debe promover a las instituciones intermedias con peso proporcional en el país, léase la Iglesia católica en primer lugar. Su propuesta es extender y profundizar el sistema actual de subsidios del estado a las escuelas privadas.
Torrendell reivindica la Encíclica Divini Illius Magistri del Papa Pío XI de 1929. En ella se sostiene que:
«la familia, pues, tiene inmediatamente del Creador la misión y, por lo tanto, el derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación, derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mismo inviolable por parte de toda potestad terrena»
Según este posicionamiento, las familias tienen la libertad (y responsabilidad) de enseñanza, lo que supone el derecho a participar en la gestión de las instituciones educativas y en el diseño de instrumentos y políticas. En segundo lugar, están las iglesias y comunidades intermedias, a las cuales el estado tiene que apoyarlas para que desarrollen su capacidad de empoderarse en esa dirección.
Así mismo, cuestiona lo que llama “neoestatismo”. En su consideración, libertad de enseñanza no se reduce a una mera cuestión de gestión privada:
“La educación privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia (franchising) del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato.”
A su juicio, existe en la actualidad “un mayor control de los contenidos, a través de prescripciones curriculares más detalladas y de sucesivas mediciones de la calidad educativa”, lo que afecta la libertad de enseñanza.
Alerta sobre los mecanismos por los cuales el estado ha pasado a financiar escuelas privadas en función de la matrícula a partir de 1992, buscando “mejorar la eficiencia del sistema de tal manera que midiendo sus resultados pueda evaluarse la asignación de los recursos financieros”.
Torrendel supone la avanzada de un proyecto privatizador por un lado y de fortalecimiento de contenidos dogmáticos por otro. Su posicionamiento ideológico es coincidente con la ultraderecha neoliberal que cuestiona a la escuela actual por ser una supuesta adoctrinadora en el marxismo cultural y las ideas estatistas de izquierda, lo que contribuiría a la crisis moral, social y civilizatoria que viviría nuestra sociedad. Su fundamentalismo religioso, aunque católico, podría no necesariamente colisionar con la repentina promoción del fundamentalismo de la religión judía que el nuevo presidente promueve.
Para este proyecto es clave la derrota de los derechos laborales de la docencia contenidos en el Estatuto Docente que suponen el ingreso y ascenso por concursos públicos y la estabilidad en el cargo, además de salarios por paritarias, iguales para docentes públicos o privados. En esa dirección debe leerse el reciente DNU que suma a su atropello general a los derechos laborales y entrega del país a la rapiña de las empresas imperialistas, la declaración de servicio esencial de la educación. Una maniobra para impedir el derecho de huelga.
¿Qué hacer?
En anteriores trabajos hemos sostenido por qué el sistema actual de subsidios a la educación privada profundiza la fragmentación social al favorecer la consolidación de escuelas para ricos, para sectores medios y para pobres, en un creciente proceso de guetización de la sociedad. Fragmentación que se ha profundizado en las últimas décadas por las políticas de ajuste que producen más desigualdades en el acceso a una vida digna de la clase trabajadora con y sin empleo. Hemos sostenido que la responsabilidad central de esta situación es este sistema capitalista explotador sometido a las potencias imperialistas y al capital financiero internacional que nos ha empobrecido con la usuraria deuda externa y a la que los sucesivos gobiernos, dictadura, radicales, peronistas y ahora de extrema derecha nos han sometido a su pago.
Hemos denunciado que esa fragmentación social llevada al plano de las escuelas favorece el crecimiento de la violencia individual y hemos defendido la necesidad de recomponer la escuela pública para que en ella convivan distintos sectores sociales como una argamasa sobre la cual subjetivar a las nuevas generaciones en el reconocimiento del otro como ser humano con derechos vulnerados, y por tanto, punta pie para la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Desde nuestra visión, esa sociedad deberá desterrar el ordenamiento actual basado en el interés de ganancia privada de banqueros y empresarios y en cambio, asentarse en una economía planificada por toda la sociedad en base a la decisión democrática desde cada lugar de trabajo, la democracia obrera. Por eso, rechazamos el sistema de subsidios a la educación privada y proponemos un sistema único de educación nacional.
También rechazamos la acusación de que la escuela pública actual adoctrine. Adoctrinar es imponer dogmas, religiosos o laicos. Por el contrario, la escuela actual, con desigualdades, promueve el conocimiento contrastable, es decir alejado de creencias, que quedan reservadas para el ámbito privado de la familia. Lo que a la ultraderecha le molesta es que muchos docentes abran sus aulas a la realidad que nos golpea y dejen fluir el cuestionamiento a su carácter injusto pero evitable. Lo que la ultraderecha pregona es que la escuela vuelva a ser mera reproductora del orden existente, cuando la dominación de los sectores poderosos era aprobada desde el pizarrón sin críticas. Léase, que la escuela vuelva a legitimar la conquista de América por parte de España con la justificación de la evangelización católica de los pueblos originarios, la Campaña al desierto por parte de Roca y la apropiación de las tierras originarias mediante el genocidio de sus habitantes por parte de sectores como los Braun y Bullrich, que forman parte del gobierno actual. Que la construcción de memoria y reclamo de justicia frente a los 30.000 desaparecidos y robo de bebés en la reciente dictadura, que el actual gobierno niega. Que se niegue a la educación sexual, tarea clave para la lucha contra la violencia de género y por construir relaciones más humanas entre los géneros. Y por qué no, que silencie el reclamo urgente de planes para enfrentar la crisis climática que nos conduce a una catástrofe humanitaria.
La posibilidad de que avance este plan de profundización de la privatización del sistema educativo, de dogmatización de la educación y de pérdida de derechos laborales de la docencia, depende de la resistencia que desarrollemos. Tenemos un largo camino de conquistas que son modelo en el mundo como son tres niveles de educación obligatoria (inicial, primario y medio) y de educación superior gratuitos. Una docencia elegida por concursos públicos y con salarios por convenios. Un currículo formalmente desprovisto de dogmas de cualquier tipo en el ámbito escolar público. Bregamos por el derecho a la educación pública, gratuita, no dogmática, intercultural, ambientalista y con perspectiva de género. Por un sistema educativo nacional único, con un presupuesto nacional del 10% del PBI.
La docencia, el estudiantado, las familias y la clase trabajadora toda, estaremos de pie para no perder lo conquistado y seguir avanzando. Abramos el debate en asambleas en cada escuela y preparémonos para defenderlo. *Lic en ciencias de la educación. Ex legisladora de CaBA por Izquierda Socialista en el FITU.
