La defensa del Estatuto está en boca de todas/os. Sin embargo existe un curso creciente de modificaciones parciales por parte del gobierno que están desvirtuando su espíritu y perjudican a la totalidad de los docentes.
El Estatuto docente es una conquista de la lucha de los trabajadores de la educación que se logró en el año 58 luego de una larga huelga. La Dictadura la anuló. Con la vuelta al régimen constitucional se sancionó el actual luego de un debate en todas las escuelas de la Capital.
Lo que lo estructura de manera práctica es la posibilidad de los Concursos. Esto permite que el ingreso, el traslado, la acumulación, el ascenso y la estabilidad en el cargo no dependan de la arbitrariedad del gobierno de turno o del dedo de un supervisor o director, sino que existan criterios objetivos para su designación. El régimen de Juntas de Clasificación y Disciplina con representantes electivos de la docencia (como ocurrió en las elecciones del 5/11) restringe la posibilidad de los poderes políticos macristas, kichneristas o del gobierno que sea, de elegir docentes por clientelismo político. Esto supone un riesgo, un peligro, para los proyectos privatistas y de contención social en educación. Estas políticas no tienen como eje del sistema la defensa del carácter público de la educación como espacio de coeducación social ni los derechos de las/os docentes como trabajadoras/es. Lo que se plantean es a la educación misma como un negocio en algunos casos y como un modo de discriminación y contención social en otros.
La aniquilación de esta característica y otras conquistas como el régimen de licencias, es un viejo anhelo de distintos gobiernos, ya sean nacionales o provinciales, y forma parte de la agenda pendiente de la Reforma Educativa iniciada en los 90. Los organismos internacionales (UNESCO, Banco Mundial, etc) recomiendan avanzar ahora modificando el régimen laboral docente para quebrar nuestra unidad y poder de defensa de nuestros derechos, como ocurre con los trabajadores privados a los que se despide cuando protestan como en Kraft o les impiden el derecho a la elección democrática de su sindicato como en Subtes.
Si bien hasta la fecha no han podido derogarlo en forma explícita desde hace años, se vienen realizando ataques parciales. Una medida grave en este sentido, que marca además la tendencia a beneficiar lo privado sobre lo público, es la inclusión desde el 2000 del Artículo 17 bis (Ministerio de Filmus) que permite otorgarle los 0,45 centésimos por trabajo anual en el área a los docentes que trabajan en privada. Si consideramos que el ingreso a las escuelas
no se hace a través de los mecanismos estatutarios de concursos, sino de manera arbitraria por el dueño de la escuela, no podemos más que rechazar enérgicamente esta situación porque se pasa por encima de un principio igualador con mecanismos extraños. Además perjudica a las/os docentes de escuelas Normales quienes no tienen los 0,45 en Primaria por pertenecer a otra Junta.
En esta profundización del desapego a lo normado por el Estatuto, encontramos escuelas de “creación” o escuelas que, para “dar continuidad a sus proyectos pedagógicos” reclaman criterios de excepcionalidad o no envían los cargos a concurso creando situaciones de privilegio frente a compañeras/os que esperaron respetuosamente su orden en el listado de puntaje.
Otra variante es el creciente número de docentes, especialmente en Media, que reclaman titularizaciones de interinos perjudicando a compañeros suplentes con más puntaje. La sumatoria creciente de estas medidas de “excepcionalidad” van minando el carácter equitativo de nuestros listados.
Sin lugar a dudas, el caso más grave de violación al Estatuto es la existencia desde hace más de 20 años de una planta funcional hoy cercana al 10% de la docencia que está por fuera del Estatuto en carácter de contratados: Programas como ZAP, área no formal, Escuela de Capacitación, Instancias educativas., etc. La coordinadora de contratados, donde participan diversos sindicatos y docentes independientes logró que la legislatura de la CaBa el 11 de diciembre del 2008 se aprobara la ley 2994/08 por la que se establecía un plazo para la incorporación al Estatuto de estas nuevas áreas y programas pero fue vetada por el gobierno de Macri el 15 de Enero 2009.
También existen numerosas áreas que crecen por fuera del Estatuto y se designan por fuera de cualquier listado de orden de méritos como son los CFP (Centros de Formación Profesional) o más de 30 Tecnicaturas en el área de Educación Superior, muchas veces con la coparticipación de algunos sindicatos como UDA, la 822-SEDEBA-CaMYP-AMET, y UTE.
Permitir esto tarde o temprano va a perjudicar a toda la docencia, ya que el objetivo es acabar con nuestro Estatuto. No podemos permitir que las Juntas y los concursos sean un resabio creciente del sistema de ingreso mientras alrededor crece la designación por fuera del Estatuto.
Por eso exigimos que se deroguen el artículo 17 bis y se incorporen al Estatuto a todos los trabajadores precarizados Ningún docente por fuera del Estatuto. Defendamos los concursos. Buenos Aires, 9-11-09
Colectivo Lista de Maestr@s
