El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas de Argentina derrocaron al gobierno de Isabel Perón (1974-1976) e instauraron una dictadura militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y anunció su propósito de refundar el país en todos los planos: económico, político, cultural, educativo.
Sostenida en un régimen contra revolucionario con métodos de guerra civil selectivos, la dictadura tuvo como objetivo liquidar el proceso de luchas y conquistas de los trabajadores y sectores populares post Cordobazo que el gobierno de Isabel Perón no había logrado cerrar. La sucesora de Perón había derechizado el régimen político constitucional logrado post dictadura militar de Onganía-Levingston-Lanusse, modificando la legislación y apelando a la represión, la tortura, la cárcel y asesinato de activistas sindicales y estudiantiles. Su gobierno combinó la represión estatal, incluso estableciendo el estado de sitio y autorizando la intervención en la represión de las fuerzas armadas, con el accionar de grupos parapoliciales organizados desde el gobierno de su marido, Juan Domingo Perón, como las Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) y el Comando Libertador, a poco tiempo de asunción a fines de 1973. Pero importantes movilizaciones y paros generales en 1975 habían derrotado el plan económico de su ministro Rodrigo que procuraba bajar la participación de los asalariados en la renta nacional e imponer nuevas relaciones laborales. También habían derrocado a su ministro López Rega, ex secretario de Perón, uno de los organizadores de la mencionada represión paraestatal.[1]
El empresariado y hasta los partidos patronales como el radicalismo reclamaron terminar con lo que llamaron la “guerrilla fabril” refiriéndose a las nuevas camadas de delegados de base y comisiones internas que no traicionaban a sus compañeros y organizaban la resistencia a los planes de ajuste. En esa perspectiva, junto a la jerarquía de la iglesia católica, apoyaron el golpe militar
Argentina había sido durante la primera mitad del siglo XX un país rico, que ocupó el 5to lugar en el comercio mundial por la exportación de granos. Décadas posteriores, durante el proceso de sustitución de importaciones e incipiente desarrollo industrial había podido otorgar concesiones a la clase obrera y a las capas medias que tuvieron relativo acceso a educación y salud públicas gratuitas, créditos de vivienda, derechos laborales, proceso del cual fue parte el primer gobierno de Perón. A partir de 1974 se inició una crisis económica mundial debido a que las empresas multinacionales vieron reducidas sus tasas de ganancias. La principal potencia mundial, EEUU, apeló a salidas como instalar el petrodólar por el cual los acuerdos con los países petroleros llevarían a mantener el control del dólar en el comercio mundial de este recurso energético. Otra salida fue apelar al endeudamiento externo de los países dependientes y semicoloniales de modo de mantener ganancias vía mecanismos financieros, en lugar de proyectos de inversión productiva. Al mismo tiempo buscaron recuperar sus beneficios reduciendo el nivel de vida de la clase trabajadora quitando derechos y aumentando los ritmos de producción.
Los dos gobiernos peronistas, el de Juan Domingo y el de Isabel en la década del 70, habían resultado un fracaso para lograr ese objetivo que les había reclamado la propia burguesía y los militares post Cordobazo. Por eso, con el golpe de estado de 1976, el empresariado y dirigentes del radicalismo, entre otros, reclamaron la intervención de los militares. Bajo la excusa de combatir a la guerrilla del ERP, Montoneros y otros, que en una desviación ultraizquierdistas habían tomado las armas descolgados del proceso real que vivía la clase trabajadora y los sectores populares, se lanzaron a una cruenta persecución y exterminio de activistas obreros, estatales, estudiantes y militantes de izquierda, Organizaron campos de detención clandestinos, haciendo desaparecer a alrededor de 30.000 personas y robaron más de 400 bebés de las familias que secuestraban[2]
El plan económico
La dictadura militar se propuso refundar el modelo económico abandonando el que se desarrolló desde la década del 30 y en su segunda etapa con el desarrollismo, basado en la sustitución de importaciones mediante la instalación de industrias, incluso filiales de empresas multinacionales. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino, fue la figura civil que lideró este proceso. Sus reformas apostaron a liberalizar la economía favoreciendo las importaciones, lo que condujo a la destrucción de industrias.
En el marco de la crisis económica mundial antes anunciada, existía gran liquidez de dinero que las empresas multinacionales no veían redituable invertir en la producción, por lo que buscaron colocarla como capital especulativo promoviendo el endeudamiento de los países semicoloniales como el nuestro. A la par que se destruía la industria crecían los sectores ligados a la especulación financiera y el endeudamiento del país. Al mismo tiempo, se propuso achicar el estado promoviendo la privatización de empresas de servicios públicos. Para lograr una redistribución de la renta nacional en favor de los grandes capitales mediante la reducción de los salarios y la modificación de las condiciones laborales requería derrotar al movimiento obrero. Para ello apelaría a la represión y al terrorismo de estado. Este proceso modificaría la inserción de país en la división internacional del trabajo.
En agosto de 1976 se sancionó un nuevo régimen de inversiones extranjeras (Ley 21382) que desreguló el accionar de las empresas de capital extranjero. Estas pasaron a tener igualdad de derechos respecto de las nacionales. Se eliminaron los subsidios y regulaciones al comercio exterior. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias bajaron a la mitad según los productos. Los aranceles por importaciones se redujeron en 40 puntos (Decreto 3008/76). (Azpiazu, 52)
En 1977 la reforma financiera por Ley 21.526 desreguló las tasas de interés, promovió la participación del capital extranjero en el sistema y liberalizó los depósitos. Los bancos favorecieron las inversiones en operaciones financieras en lugar de productivas. Aunque se facilitó la creación de innumerables entidades financieras, el resultado fue una mayor concentración en entidades extranjeras en desmedro de las nacionales. El capital financiero pasó así a tener influencia decisiva en el reordenamiento del modelo económico.
La Ley 21608[3] de promoción industrial de 1977 favorecía la instalación de empresas extranjeras mediante la reducción de impuestos, créditos a baja tasa y facilidades para la remisión de utilidades al exterior. Una imposición era que se radicaran en zonas alejadas de los centros urbanos con la clara intención de evitar la concentración obrera de modo de debilitar su organización como clase.
Uno de los objetivos del plan fue bajar la inflación. Durante el Rodrigazo en 1975 ésta había llegado al 900%. Para ello se recurrió a la constricción de la oferta monetaria vía el aumento de las tasas de interés y a la baja de los salarios. Estos sufrieron una pérdida del 30%. Sin embargo, la inflación continuó. En 1979 era del 171%. (Zícari, pág. 317)
La deuda pública y privada creció en forma exponencial. A fines del gobierno de Isabel Perón era de 8.085 millones de dólares y a la caída de la dictadura ascendía a 45.100 millones (Rapoport, pág. 11y13) [4]. El Banco Mundial y el FMI favorecieron los préstamos y a su vez respaldaron al gobierno para la toma de créditos de la banca privada extranjera, obedeciendo al fenómeno de liquidez mundial que se mencionó antes.[5]
El destino de estos fondos fue para comprar armas, realizar obras monumentales por ejemplo para el Mundial 78[6] y para la especulación financiera de los bancos. Desde el ministerio de Hacienda se impuso a las empresas del estado, sin que estas lo requirieran, endeudarse en créditos externos en dólares, aunque solo recibían pesos.[7].(Zícari, pág. 263).
El endeudamiento fue del estado, pero también de las empresas privadas que tomaban créditos en el exterior para a su vez realizar inversiones financieras internas favorecidas por las diferencias entre las tasas de interés del país y las del exterior. Amparadas en el Seguro de cambio, cuando estas quebraban, el Banco Central se hacía cargo de la deuda. En 1982 el Banco Central, bajo la presidencia de Domingo Cavallo[8], llevó esta estafa a nivel superior. Mediante la comunicación “A” 251[9], estatizó la deuda privada de empresas nacionales y extranjera que nunca fue a inversiones públicas ni a beneficios sociales. Desde allí y con tasas usurarias que obligaron a su refinanciación cíclica, el estado argentino debió afrontar una deuda externa que a la fecha se ha vuelto impagable y que condujo a la crisis económica y social del país durante las décadas posteriores.[10]
A este festival financiero y apertura indiscriminada de las importaciones le correspondió un verdadero industricidio. Se cerraron numerosas fábricas, reduciéndose 35% los puestos de trabajo en la industria, aunque muchos fueron absorbidos por otras ramas como la financiera o pasaron a duplicar la cantidad de trabajadores autónomos sin protección social. (Zícari, 349-351). La destrucción de puestos de trabajo produjo una caída de la tasa de ocupación sobre el total de la población del 39,4% antes del golpe de estado a 36,3% en 1983. (Zicari,357).
En 1977 les trabajadores pasaron de una participación del 45% del PBI en 1974 a 25%. En 1980 tuvieron una recuperación al 35% y volvieron a caer al 22% en 1982 (Basualdo). Pero también se deterioró el salario indirecto ya que la reducción del presupuesto para salud y educación afectó la calidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos.
La destrucción de derechos y de la organización de la clase trabajadora
Para imponerse este plan económico requería la derrota de la clase obrera que había desarrollado importantes luchas por las que había logrado conquistas. Conservaba un poder de movilización que impedía la reducción drástica de su participación en la renta nacional, tal como aspiraban los sectores de poder para mantener o recuperar sus tasas de ganancias. Su disciplinamiento era indispensable para que el proyecto refundacional de la dictadura pudiera consolidarse. Y ésta lo intentaría con sangre y muerte con un cambio de régimen político contra revolucionario.
Desde su instalación, la dictadura apuntó a la desorganización del poder sindical con una batería de leyes. La Ley 21261[11] del 26 de marzo de 1976 eliminó el derecho a huelga. La Ley 21263(76) eliminó los fueros sindicales por lo que se podía despedir a delegados de base. La Ley 21.259(76) instaló la ley de residencia por la cual todo extranjero sospechado de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser expulsado del país. La Ley 21356(76)[12] prohibió la realización de asambleas y elecciones sindicales al tiempo que se prorrogaron los mandatos de las autoridades sindicales vigentes, muchas de las cuales venían siendo cuestionadas por su complicidad con los empresarios y los propios gobiernos peronistas en los años anteriores. La Ley 21.278(76) derogó el Estatuto del Docente. Uno de los puntos más álgidos de esos procesos habían sido el histórico plenario de Villa Constitución de 1974 y el Rodrigazo de 1975 (De Titto, pág 71 y 125). La Ley 21.400(76) prohibía toda medida de acción directa, trabajo a desgano, baja de la producción. La Ley 22.105(79) derogó la Ley de Asociaciones Profesionales del gobierno peronista.
Se intervino la CGT, se ilegalizó a las 62 organizaciones y se suspendieron a centenas de sindicatos. Se encarceló a varios dirigentes sindicales al tiempo que se secuestró, torturó y se hizo desaparecer a delegados y activistas de base más combativos y clasistas que habían desafiado el poder de la dirigencia de la CGT. Para ello la dictadura contó con el apoyo de los empresarios que entregaban las listas de los activistas y delegados a las fuerzas armadas. Estas entraban a las fábricas a llevárselos, incluso en algunas hubo campos de detención dentro de sus instalaciones. Sin embargo, el gobierno militar se dio una política para mantener a un sector de la dirigencia sindical a su lado, para que actuara como correa de control directo en cada lugar de trabajo. Algunos de ellos fueron parte del operativo de lavarle la cara frente a los organismos internacionales acompañando a los militares a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[13].(Zorzoli, p 14)
No obstante, la dictadura no logró una derrota histórica y paulatinamente la clase obrera retomó la resistencia. La misma semana del golpe existieron fábricas donde los trabajadores resistieron el secuestro de sus compañeres. Comenzaron moleculares acciones por abajo, de boicot a la producción o lo que se llamó el trabajo a tristeza consistente en bajar los ritmos o provocar roturas de máquinas que trababan la línea de producción. Miles de obreros, héroes ignotos, comenzaron la resistencia desde cada máquina y lugar de trabajo.
“La burguesía no ha logrado derrotar históricamente, aplastar a la clase obrera y esto obedece tanto a la situación del propio movimiento obrero y su relación con las otras clases sociales como a la situación de la movilización de las masas a nivel internacional… La clase media ha girado y sigue girando desde la expectativa y apoyo (a la dictadura) a una oposición creciente por la situación económica…El pequeño comerciante, el ama de casa que protesta en el colectivo, en la calle, en el mercado, frena la posibilidad de giro a la derecha del gobierno y por el otro, alienta al movimiento obrero…”[14]
A pesar de la represión y de las desapariciones, en septiembre de 1976 hubo huelgas en las empresas automotrices del Gran Buenos Aires por salarios y contra las suspensiones. En octubre de ese mismo año los trabajadores de Luz y Fuerza protestaron contra el intento de modificar su convenio laboral, lo que fue reprimido con detenciones y desapariciones. En febrero de 1977 manifestaron en las calles contra la dictadura y finalmente su dirigente, Oscar Smith, fue secuestrado y desparecido. (Rapoport, pág. 620)
Entre febrero y marzo de 1977 los telefónicos realizaron medidas de lucha contra la imposición de la jornada de 8 horas de trabajo por parte de la empresa, entonces estatal. Hasta entonces tenían una jornada reducida de 6.30 horas debido a la insalubridad del trabajo. Delegados organizados por el entonces PST sacaron un balance de la lucha convocando a seguir la resistencia exigiendo su recupero y la libertad del dirigente de su gremio Guillán y de Smith de Luz y Fuerza. El boletín explicaba que a pesar de la unidad de las listas y de la coordinación por abajo, la lucha se perdió porque la conducción se negó a unificar con el conflicto de Luz y Fuerza y de los ferroviarios.[15]
En marzo de 1978 hay conflictos por salarios en bancos. El 10 de marzo la Comisión interna de Mercedes Benz, fábrica de automotores, cuelga un comunicado en la cartelera de la planta denunciando ante el ministerio de trabajo que la patronal estaba suspendiendo personal en tanto que ellos podían probar que había aumentado el ritmo de la producción en 100% diario por lo que rechazaban ser perjudicados en sus salarios, en un claro posicionamiento de control obrero de la producción. En Fiat Palomar estalló la bronca por salarios y la represión interna de los capataces. Se hicieron petitorios, paros, y la patronal tuvo que aumentar 30% los salarios. Así, los conflictos obreros pasaron de medidas mínimas como quite de colaboración a paros.[16]
A raíz de esta presión desde las bases, en abril de 1979 un sector de sindicatos reagrupados en “los 25” lanzó la convocatoria a un paro general que, si bien no fue masivo, marcó un cambio en la situación.
El 7 de septiembre en ocasión del día del metalúrgico, la Agrupación metalúrgica llamaba a rodear de solidaridad a la fábrica Santa Rosa que llevaba 18 días en paros por aumento de salarios y que se aprestaba a salir a una movilización. Denunciaba que el deterioro salarial no lograba ser compensado con 4 o 5 horas extras diarias y que esa situación estaba llevando a la destrucción de la familia obrera.[17]
El 17 de octubre de1979 el PST publica una carta a los obreros peronistas donde saluda “el auge naciente de las huelgas obreras, el surgimiento con fuerza de reclamos democráticos, el renacer de la vida política y sindical transgrediendo las arbitrarias prohibiciones, así como desde las fábricas ejercemos el “prohibido” derecho de huelga”. Con la autoridad que le daba haber sido la corriente que luchó contra el golpe gorila de 1955 y entonces ser un partido perseguido, con desaparecidos y presos los convocaba a luchar juntos “Por aumento de salarial de emergencia, contra la política económica del régimen. Por la libre organización sindical y de la CGT, contra la legislación sindical que quiere imponer el régimen. Por la libertad de Isabel Perón, de Lorenzo Miguel, Guillán y Páez, y todos los presos y secuestrados. Por la libre organización de los partidos políticos sin proscripciones, Por el llamado a elecciones libres, sin exclusiones. Por el llamado a una asamblea constituyente” [18]
En noviembre y diciembre de 1979 tuvo lugar la huelga de los obreros de la carne del frigorífico Swift en Berisso, provincia de Buenos Aires. Duró 32 días. La huelga se dio en el contexto de la desindustrialización que vivía el país, el descenso de las exportaciones por sanciones sanitarias del frigorífico que era uno de los más importantes del país. Se reclamaba por aumento salarial en el marco del temor al cierre del frigorífico. La patronal ofreció un aumento de 20% que fue rechazado. Finalmente terminó en una derrota. De los 3.000 trabajadores solo 1200 mantuvieron sus puestos de trabajo. (Bretal, pág. 30)
La resistencia por abajo siguió extendiéndose incluso a otros sectores sociales. En febrero de 1981 un sector del empresariado organizado en la CONAE convocó a una “Jornada nacional de protesta por el cambio”. El PST bajo la firma de Trabajadores Socialistas llamó a la CGT; CNT, a los sindicatos, a los partidos políticos (radicales, peronistas y partido comunista), a transformar esa jornada en un paro nacional y movilización por los reclamos de cada sector: “por aumento de salarios, por nacionalización de toda empresa que cierre, para lograr la libertad de los presos y la aparición con vida de los desaparecidos, para terminar con la intervención en la CGT y los sindicatos, para lograr el alejamiento de la dictadura, el llamado a elecciones libres y democráticas y la plena vigencia de la Constitución Nacional de 1853”. El llamado, repartido en volantes que circulaban escondidos en paquetes de cigarrillos o de yerba mate, convocaba a crear comités obreros-populares en cada lugar de trabajo, estudio o barrio, organizando también a los vecinos y pequeños comerciantes en asambleas, marchas, reuniones, misas que ayudaran a empujar la protesta general. “Que cada sector sume su reivindicación sectorial: los bancarios la defensa de la estabilidad, los ferroviarios el salario, los estudiantes por el ingreso irrestricto y la supresión de los aranceles universitarios, los artistas e intelectuales para desterrar la censura”.[19]
En marzo de 1981 un proceso de asambleas, acciones[20], paros por banco contra la derogación de la ley 12637 de estabilidad de los trabajadores bancarios condujo a la convocatoria de un paro nacional bancario para el 26 de marzo. El desarrollo del sistema financiero había provocado, contradictoriamente, el acrecentamiento del número de trabajadores bancarios que hicieron punta en la resistencia.
“Necesitamos que la CGT coordine las luchas de los bancarios con los ferroviarios y los metalúrgicos de Santa Fe, los mecánicos de Gran Buenos Aires y de Córdoba, y de todos los trabajadores que están resistiendo en todo el país. Porque apoyándose, solidarizándose y empujando todos esos conflictos recuperaremos la CGT como en el 55 contra la “libertadora”[21].
Finalmente, siempre como resultado de la presión por abajo, el 22 de julio de 1981 el reagrupamiento sindical que se llamó la CGT-Brasil (por la calle del local donde se reunían) convocó al segundo paro general contra la política económica. En noviembre, con apoyo de partidos políticos como el peronista, intransigentes, y de izquierda, llamó a la primera manifestación a San Cayetano, para reclamar por Pan, Paz y Trabajo, manifestación que fue reprimida y hubo detenciones.
En marzo de 1982 la Voz Mecánica, agrupamiento de los metal-mecánicos del SMATA, nucleados en la Lista Marrón (que había liderado René Salamanca, desaparecido), reclamaron a la Comisión normalizadora la convocatoria a asambleas por sección para votar paros de 2 horas para el 27, sumándose a la protesta bancaria y exigir: “aumento del 100% de los salarios, convocatoria a paritarias, cese de la intervención, aparición con vida de los desaparecidos, libertad a los presos políticos y reincorporación de los desaparecidos”. [22]
En 1981 el descontento social por la inflación y la destrucción de la industria condujo a que la dictadura reemplazara a Videla por el general Roberto Viola quien intentó un diálogo con los partidos políticos que habían conformado la Multipartidaria. Pero rápidamente, otro sector de los militares liderado por el General Leopoldo Galtieri frenó este proceso.
El 30 de marzo de 1982 la CGT-Brasil, apoyada por la Multipartidaria, convocó a un paro general y una marcha que fue masiva en Ciudad de Bs As y otras ciudades del país. La consigna convocante fue “Pan, paz y trabajo”, pero la jornada nacional trascendió lo estrictamente laboral, se cuestionó la política económica y se reclamó por derechos democráticos. (Rapoport, 621). La marcha fue reprimida y se estimaron en 5.000 los detenidos, que, sin embargo, fueron liberados. Ese 30 de marzo marcó el inicio de la caída de la dictadura.
La Guerra de Malvinas y la caída de la dictadura
El 2 de abril de 1982 Galtieri ordenó la ocupación de las Islas Malvinas iniciando una guerra contra el Imperio Británico que las tenía bajo su dominio desde 1833. El objetivo era distraer la atención de las masas descontentas con la dictadura cuya más reciente expresión había sido la masiva marcha de la CGT-Brasil que había terminado en fuertes enfrentamientos callejeros con la policía por primera vez desde 1976. Se buscaba recuperar credibilidad con un acto simbólico respondiendo a un reclamo largamente sentido por el pueblo argentino. Las islas tienen gran importancia geopolítica y militar para el control del Atlántico sur y por su proyección sobre la soberanía en el continente antártico. Además, cuentan con riquezas económicas sobre la plataforma submarina que las rodea, reservas petroleras, ictícolas y las posibles que puedan descubrirse en la propia Antártida.
Contra el cálculo de los militares, que nunca pretendieron un enfrentamiento antiimperialista, EEUU se alineó con los ingleses colaborando con información de inteligencia y apoyo militar. La burguesía y los partidos políticos patronales no apoyaron la guerra pues no querían enfrentarse al Reino Unido ni a EEUU, de quien eran socios menores. Apostaron junto con la iglesia a la derrota. (Moreno, 1988, pág. 13)
Fue el pueblo argentino el que en su gran mayoría se volcó a las calles a repudiar a los ingleses y en apoyo a los soldados, dándole al movimiento un contenido antiimperialista que no estaba en los planes de los militares. Muchos se ofrecieron voluntariamente a combatir, en las escuelas se escribían cartas a los soldados y se realizaban colectas de alimentos y chocolate. Un sentimiento de solidaridad antiimperialista recorrió países de Latinoamérica y de África con experiencias destacadas como la de aviadores peruanos que se ofrecieron a sumarse a las batallas.[23]
El PST reclamó que se expropiaran los bienes británicos en el continente, como los bancos, las estancias y que se dejara de pagar la deuda externa para que todos esos fondos se pusieran a garantizar la derrota del imperialismo inglés. Denunció al gobierno por ser incapaz de derrotar al imperialismo y reclamó su reemplazo para llevar la lucha antiimperialista a todos los terrenos. Reclamó a la URSS y a los estados obreros que apoyaran con armas a Argentina. (Moreno, 1988, pág. 14). El partido Comunista y la propia Cuba declararon su apoyo a la reconquista de las islas, pero no pasaron a acciones.
Los militares, que habían reprimido, secuestrado y robado bebés, fueron incapaces de dirigir la guerra y terminaron derrotados. El 14 de junio de 1982 con la caída de Puerto Belgrano en Malvinas se concretó la derrota militar que provocó la salida de Galtieri. La asunción del General Reynaldo Bignone, en su reemplazo, marcó el inicio de la caída de la dictadura y del régimen contrarrevolucionario que se había instalado desde 1976. Bignone asumió en acuerdo con la Multipartidaria (integrada por radicales y peronistas) para conducir a una salida ordenada que evitara el desborde del movimiento de masas.
Mucho antes que se convocara a elecciones, que finalmente se realizaron en octubre de 1983, la clase trabajadora, la clase media, los sectores populares irrumpieron en la vida política nacional abriendo las compuertas a una verdadera revolución política. El movimiento de masas, que había perdido el miedo ganando las calles con un sentimiento antiimperialista durante la guerra, entonces volcó su potencial a la lucha contra la dictadura. Conquistaron libertades democráticas en los planos más diversos de la vida social, las calles, las escuelas, las fábricas, la cultura. No se trató de una metamorfosis ordenada del régimen como la que orquestó Franco en España o Pinochet en Chile. Fue una caída abrupta que provocó que los militares tuvieran que abandonar todo lugar en el gobierno y ya no pudieran ni circular con sus uniformes por las calles pues eran repudiados. “paredón, paredón, para todos los milicos que vendieron la nación”, se cantaba en las calles. Bignone intentó salvar a los militares y ordenó la quema de los archivos de la represión y aprobó la Ley de Pacificación Nacional que era una autoamnistía. Pero el régimen contra revolucionario ya había caído y la lucha por justicia conquistaba la escena nacional.
Un amplio movimiento de los Derechos Humanos torcería el rumbo planeado por los militares en retirada. Alrededor de las Madres de Plaza de Mayo que iniciaron las históricas rondas en la plaza central de la ciudad en 1977 y de la Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos primero, la Asamblea permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de estudios legales y sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y diversas instituciones incluso religiosas, movimiento que luego se extendió con la formación de Abuelas de Plaza de Mayo y hasta la de Hijos de desaparecidos, se configuró la resistencia a la intención de perdón y olvido del terror de estado ocurrido.
Con la asunción del radical Ricardo Alfonsín como presidente, ganador de las elecciones de 1983, el movimiento logró imponer el juicio a la Junta de Militares en 1985, su condena y su encarcelamiento. Leyes posteriores como la ley de Punto final, Obediencia Debida intentaron cerrar este proceso, pero también fueron resistidas. La lucha por justicia, memoria y verdad perdura hasta el presente reclamando por lo que se considera, crímenes de lesa humanidad que no prescriben y por el derecho a la identidad de los 400 bebés robados que aun, se buscan.
[1] Andrea Robles, querellante en la causa del asesinato de su padre, César Robles investigó las conexiones de las Triple A con el gobierno de Perón https://www.izquierdadiario.es/Andrea-Robles-La-dictadura-no-llego-un-dia-y-dijo-golpe-antes-se-le-abrio-paso
[2] La cifra de 30.000 desaparecidos sostenida por los organismos de Derechos Humanos es negada por la derecha argentina, especialmente por el gobierno de La Libertad Avanza de Milei. Sin embargo, los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificados por el National Security Archive basados en informes del Batallón 601 de Inteligencia estimaba que entre 1975 y 1978 los militares habían desaparecido y/o asesinado a 22.000 personas. Faltaban 5 años más de dictadura. https://www.comisionporlamemoria.org/por-que-mienten-los-negacionistas/informe-de-inteligencia-1978/
[3] https://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/LEY_C_021608_1977_07_23
[4] Estos totales incluyen la deuda privada. La deuda pública era de 4.941 en 1975 y de 31.051millones de dólares en 1983
[5] Alejandro Olmos denunció el carácter fraudulento y delictivo de esta deuda que llegó incluso a no tener registros contables en el Banco Central. La denuncia fue ratificada por el Juez Ballestero. https://www.cadtm.org/Deuda-externa-de-la-Argentina-Texto-completo-de-la-Sentencia-Olmos
En la post dictadura el Movimiento al Socialismo (MAS) fue el partido que hizo de la denuncia de esta estafa y el llamado a desconocerla el eje de su identidad política. Ver Solidaridad Socialista (1982-1995)
[6] Aumentó 105% el presupuesto militar. La inversión pública en Infraestructura aumentó 20% (1975-1980) respecto del quinquenio (1971-1975). Disminuyó 5% para educación, salud y vivienda. (Zícari, pág. 174)
[7] YPF, Gas del Estado, Hidronor, YCF, SEGBA, AyEE fueron algunas de estas empresas (Zícari, pág. 263) El endeudamiento fraudulento de las empresas públicas fue usado en la década del 90 para impulsar su privatización
[8] Domingo Cavallo fue luego ministro de Economía bajo la presidencia de Carlos Menem (1991-1996.) Estableció la paridad uno a uno con el dólar e impulsó la privatización de las empresas del estado. En 2001 como ministro de Economía de De La Rúa, ante una corrida bancaria por la inflación contenida, congeló los depósitos en dólares de los ahorristas, lo que provocó un levantamiento popular que condujo a la caída d su gobierno.
[9] https://www.bcra.gob.ar/pdfs/comytexord/a0251.pdf
[10] Los trazos centrales de la política de la dictadura fueron luego retomados nuevamente por el gobierno de Milei que volvió al ciclo de entrega a las potencias extranjeras. Reinstaló la especulación financiera como mecanismo de acumulación en desmedro de la producción de bienes materiales, la escalada de las tasas de interés, el endeudamiento externo, el control de la inflación mediante la baja de salarios, la liberalización del comercio exterior rebajando aranceles y reduciendo retenciones lo que provocó cierre de industrias, la baja de impuestos al sector empresarial y a las grandes empresas extranjeras mediante el Régimen de Incentivo a las grandes inversiones (RIGI) y la reprivatización de las empresas del estado.
[11] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21261-303522
[12] https://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-nacional-21356.htm
[13] Durante mi exilio me desempeñé como camarera en un hotel de categoría en París. En una de las ocasiones advertí que uno de los comensales era argentino y entablé diálogo. Mi sorpresa fue cuando se reconoció como militar que estaba en tránsito para las reuniones de la OIT junto a un grupo de sindicalistas. Pero mayor fue el suyo cuando mirándolo fijamente a la cara me reconocí como ex presa política exiliada. Un frío pareció recorrerlo y miró el plato de comida. No volvió más al comedor. Sentí una pequeña revancha.
[14] Boletín interno del PST camuflado como ATENEO Alfredo Palacios.1976. http://fundacionpluma.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5839/Ateneo%20de%20Estudios%20Sociales%202.pdf?sequence=1
[15] Boletín de delegados y activistas telefónicos. 25 de abril de 1977 http://fundacionpluma.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5468/25-04-77.pdf?sequence=1
[16] Opción 2 (Abril 1978) Revista del PST en la clandestinidad. https://ceip.org.ar/Opcion-Nro-2
[17] http://fundacionpluma.info:8080/xmlui/handle/123456789/5574
[18]http://fundacionpluma.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/12851/19791017%20pst.pdf?sequence=1
[19] Volante de los Trabajadores socialistas (PST): El 26 realizar una jornada de protesta contra la dictadura. http://www.fundacionpluma.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7085/El%2026%20r.pdf?sequence=1
[20] Una de esas acciones consistía en el lanzamiento de gamexane y lluvias de volantes en forma clandestina. Esto impedía el normal funcionamiento de los bancos y difundía los reclamos.
[21] Boletín de Informaciones N°2. Lista 3 Verde. Agrupando bancarios. Comisión. de defensa de la ley de estabilidad. Agrupaba a bancos oficiales y privados de 9 provincias y de la Capital Federal. http://fundacionpluma.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7089/Jornada%20de%20lucha%201981.pdf?sequence=1
[22] 25 años del SMATA. Volante de La Voz mecánica. 1982 http://fundacionpluma.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9902/1982%20Lista%20Marron%20Cordoba.pdf?sequence=1
[23] Napuri, Ricado. https://marcha.org.ar/1982-las-islas-malvinas-y-la-solidaridad-peruana/
